Amparo Ripoll asume la presidencia de SomCustòdia e inicia una nueva etapa de continuidad, compromiso y fortalecimiento organizativo

La Asociación SomCustòdia ha celebrado recientemente su Asamblea General de manera virtual, en la que se aprobó por mayoría la gestión correspondiente al año 2025 y el presupuesto previsto para el ejercicio 2026. En el transcurso de la asamblea se acordaron además importantes cambios organizativos que marcan el inicio de una nueva etapa para la entidad.

Amparo Bellido fue elegida nueva presidenta de SomCustòdia, asumiendo el cargo con ilusión, compromiso y la voluntad expresa de incorporarse a los proyectos de la entidad desde una lógica colectiva, como una más dentro del equipo humano que sostiene el día a día de la asociación. Su presidencia se plantea como una etapa de continuidad y acompañamiento a los procesos ya iniciados, reforzando el carácter comunitario y cooperativo que define a SomCustòdia desde sus orígenes.
Por su parte, Esperanza Meléndez Marfil, fundadora de la entidad y hasta ahora presidenta, fue elegida Directora General de SomCustòdia. La creación de esta nueva figura responde a la necesidad de dotar a la organización de una estructura más sólida y eficiente, capaz de gestionar de manera integral los recursos humanos, técnicos y económicos, y de mejorar la implementación de los proyectos que la entidad desarrolla en el ámbito social, medioambiental y comunitario. Este cambio organizativo permitirá separar de forma más clara las funciones de representación institucional y las de dirección estratégica y operativa.
Durante la asamblea se debatieron también diversas resoluciones de carácter político y sectorial. Entre ellas, destacó una resolución respaldada por más del 88 % de las personas asistentes, en la que se expresa una firme protesta por el retraso continuado en la publicación y resolución de convocatorias de subvenciones dirigidas al tercer sector. La asamblea denunció que esta situación hace inviable una planificación estratégica realista por parte de las entidades sociales y condena a sus profesionales a una precariedad estructural sostenida en el tiempo.
Tal y como se recogió en la resolución, esta realidad supone una paradoja profundamente injusta: en muchos casos, las personas que trabajan en la atención social y comunitaria lo hacen en condiciones laborales más precarias que aquellas a las que prestan sus servicios. Una contradicción que pone en evidencia la falta de coherencia de las políticas públicas y la necesidad urgente de replantear los modelos de financiación del tercer sector desde criterios de estabilidad, corresponsabilidad institucional y justicia social.
Con estos acuerdos, SomCustòdia reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y políticamente consciente, convencida de que no puede haber proyectos transformadores sin condiciones dignas para quienes los sostienen.

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